Advenimiento y caída de la Unidad Popular
Como consecuencia de la insatisfacción sentida en un sector de las capas media y baja de la sociedad, en 1970 resultó electo Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular (alianza formada por los partidos Comunista, Partido Radical, Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Partido de Izquierda Radical, Acción Popular Independiente, la Izquierda Cristiana, y el MAPU Obrero y Campesino (escisión del MAPU), primer presidente socialista escogido por vía democrática, con un 36,2% de los votos, ya que la tradición parlamentaria chilena estipulaba que para acceder al Ejecutivo bastaba contar con mayoría simple. Se puede entender que el aire de los tiempos fue un factor determinante en el triunfo de un presidente con fuerte sentido social, liberal y cercano a la actividad cultural. En distintas partes del mundo la sociedad estaba manifestando nuevas tendencias. La Revolución Cubana (1959) la oposición ciudadana a la guerra de Viet-Nam, las reformas Universitarias y un cambio drástico en el área cultural, establecía condiciones sociales para intentar modificaciones profundas en el devenir político social de Chile.
Con el triunfo del socialismo vía votación se entró en una etapa especialmente compleja para el país, pues el marco de definición de la UP se constituía por oposición a la burguesía, disminuyendo significativamente las zonas de consenso político, muy a pesar de no contar con la mayoría real.
Por una parte, si bien la izquierda (representada por la coalición de la Unidad Popular) y la Democracia Cristiana compartían ciertos ideales de justicia y equidad social, la rigurosidad y la metodología para llevar a cabo estos cambios eran significativamente distintas.
Una de las medidas fundamentales de la propuesta programática de la Unidad Popular era la realización de una verdadera reforma agraria. Tradicionalmente los latifundios habían estado siempre en manos de la oligarquía y de cierto sector adinerado de la Democracia Cristiana. Cuando dicha reforma se comenzó a ejecutar, los antiguos dueños de la tierra se sintieron atacados y decidieron intervenir en defensa de un sistema que les asegurase su posición económica privilegiada.
A pesar de la gravedad del conflicto, el supuesto no dicho era la creencia en la tradición democrática de Chile, que aseguraría una salida política y no armada de las pugnas de interés. Por otra parte, paralelamente a la reforma agraria, se nacionalizó efectivamente el cobre, llamado por Allende “el sueldo de Chile”, pues con sus divisas planeaba financiar un acceso a la educación, salud y vivienda de toda la población. Hasta ese momento -como habíamos señalado- el cobre había sido dado en concesión de explotación a los Estados Unidos. El presidente nacionalizó totalmente este mineral a través de lo que se llamó “La Doctrina Allende”, que a diferencia de la chilenización que había realizado Frei durante su mandato, no compró acciones a las compañías estadounidenses indemnizándolas, sino que las estatizó a cuenta de las utilidades excesivas que habían obtenido por más de 50 años de explotación de un recurso estatal, pagando tasas irrisorias de impuestos. Frente a esta acción Estados Unidos decidió intervenir, como una manera de mantener sus históricos privilegios en América Latina y para destruir una experiencia político social, que podía servir como ejemplo y precedente al resto del continente. Por este motivo, el gobierno de Nixon comenzó un bloqueo invisible, deteniendo préstamos e inversiones extranjeras, que ponían a Chile en una crisis de financiación externa.
De este modo la Derecha, junto a la Democracia Cristiana (apoyados por los Estados Unidos), llevaron adelante una serie de medidas cuyo objetivo era la desestabilización económica y civil del gobierno socialista. El proceso de estatización de la banca y de las industrias claves para el desarrollo del país impulsado por Allende, generó rechazo tanto en la oligarquía, como en pequeños empresarios, y en parte de las capas medias y en las Fuerzas Armadas. El Poder Judicial, constituido principalmente por jueces pertenecientes a la Derecha política, y el Parlamento, cuya mayoría no pertenecía a UP, se sumaban a la oposición al Ejecutivo. Para acelerar la caída, los grandes empresarios enviaron sus capitales al extranjero. El escenario era insostenible. Se provocó una crisis de desabastecimiento, debido al bloqueo económico y al acaparamiento, lo que fue agravado por un paro de transportes que impedía en ingreso de alimentos desde el campo a las ciudades. El gobierno reaccionó intentando aprobar, a través de Decretos de Insistencia, las medidas que no lograba aplicar a través del ejercicio parlamentario y, con ello, se dio la oportunidad legal para que el Congreso declarara a la presidencia de Allende fuera del orden constitucional de la nación.