El triunfo de Lagos en las elecciones del año 2000, desató reacciones diversas en la población chilena. Al ser el primer presidente socialista escogido en las urnas, luego de Salvador Allende, su elección generaba expectativas en la izquierda política, la que anhelaba lograr el programa social y la aplicación de justicia que los gobiernos precedentes de la Concertación no habían podido concretar. Por otra parte, el empresariado chileno adscrito a la derecha política, temía el fin de sus privilegios y un aumento en el rol fiscalizador del Estado respecto al funcionamiento del libre mercado. Lo cierto es que las acciones de Lagos no respondieron ni a tales expectativas, ni a dichos temores.
En una línea de reparación sin ruptura, el gobierno de Lagos aumentó el acceso a derechos básicos como Salud y Educación para las capas más modestas de la sociedad, pero sin modificar los fundamentos del modelo económico neoliberal imperante. En relación a una mayor igualdad social, durante en el año 2002 se implementó el Plan Auge (Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud, Ley nº 19.960), que pretendía asegurar la cobertura del Estado de manera irrestricta para un número determinado de patologías. Sin embargo, las falencias económicas y estructurales de la salud estatal, resultado del desmantelamiento del sistema público realizado en dictadura y que los gobiernos democráticos no habían enmendado, evidenciaron la incapacidad del servicio hospitalario para hacerse cargo de manera totalmente eficiente e igualitaria de los problemas de salud de los ciudadanos. De este modo, dependiendo también de cuánto podían aportar económicamente los usuarios, los servicios se brindaban de manera más o menos veloz, debido a la escasez evidente del aporte estatal directo a los servicios de salud nacionales.
En cultura, en el año 2002 se formó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, institución nacional de carácter descentralizado y con patrimonio propio al que se le confirió carácter de Ministerio, aún sin serlo. Esta política, junto con la reserva del 1% del Fondo de Desarrollo Regional para actividades culturales del año 2005, hizo que el presupuesto para esta área sufriera el mayor aumento de todos los gobiernos hasta ese momento. Interesante es observar que en este aspecto es posible apreciar también la visión del mandatario: si bien los recursos aumentaron de manera significativa, la distribución de fondos quedó principalmente sujeta a concursos públicos, rehuyendo las políticas de financiamiento directo a artistas e instituciones relevantes, que permiten proyección sostenida en el tiempo al no estar sujetas a los vaivenes de una constante postulación.
En el año 2004, en el ámbito de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en dictadura se investigó, a través de lo que se conoció como Comisión Valech, los casos de tortura que no habían sido contemplados en el Informe Rettig. A pesar de esta importantísima acción, los resultados no fueron los esperados. Se documentaron como indiscutidos cerca de 30.000 casos de tortura física y psicológica, pero no se juzgó a los culpables, no se hizo justicia y no se entregaron nuevos datos acerca del paradero de los detenidos desaparecidos. Se implementaron algunas medidas reparatorias para las víctimas, consistentes en una moderada indemnización económica, junto a algunos privilegios como acceso gratuito a salud y educación. No hubo acción ninguna que significara un veto definitivo al proceder de las Fuerzas Armadas durante la Dictadura Militar.
El año 2005, en el ámbito educativo, como modo del ampliar el acceso a estudios superiores, se implementó la Ley de Financiamiento Estudiantil con Aval del Estado, que permitía que estudiantes con bajos recursos accedieran a un crédito para ingresar a instituciones privadas de formación. Dicha medida constituía una novedad, ya que los créditos estatales existentes sólo cubrían a aquellos alumnos que ingresaban a Casas de Estudio miembros del Consejo de Rectores. Si bien dicha medida aumentó significativamente el número de estudiantes universitarios, la alta tasa de interés asociada (5.8%) y el ningún control del Estado a las empresas de educación, propició el lucro dentro de las universidades privadas, sentando las bases de los conflictos que estallarían en los gobiernos posteriores.
En el ámbito económico, la política de Lagos sin duda fue de continuidad neoliberal. Durante su periodo hubo un significativo aumento de Tratados de Libre Comercio (China, EEUU, Unión Europea, entre otros). Se aprobaron proyectos que privilegiaban la extracción minera y la producción, por sobre el cuidado medio ambiental y la extracción nacional, como lo demuestran el caso Pascua Lama y el desastre del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter a manos de la empresa CELCO. Brindó apoyo directo a grupos empresariales del país, por sobre la protección a los pequeños artesanos, como lo demuestra la Ley Corta de Pesca, que beneficiaba al grupo Angelini, aprobada casi al comienzo de su mandato. Como ya planteaba en su programa, para lograr un óptimo crecimiento de Chile era necesario «Fortalecer la base empresarial privada, entendiéndola como la principal fuente de crecimiento y empleo».
En el ámbito judicial, dio inicio a la Reforma Procesal Penal, con el objetivo de acelerar la revisión de las causas, pasando desde un sistema escrito a un sistema oral. Realizó importantes reformas a la Constitución de 1980, eliminando amarres de la dictadura tales como los Senadores Designados y Vitalicios, la constitución y carácter del Consejo de Defensa del Estado y la Inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estas medidas significaron, de alguna manera, un remozamiento de dicha carta fundamental, pero no reformas estructurales al modelo de país legado por la dictadura.
En cuanto al conflicto Mapuche, el proceder del mandatario fue consecuente con su idea de protección a la empresa privada. Si bien durante su campaña había asegurado una ampliación a la Ley Indígena y una reforma a la Constitución que reconociera la existencia de Pueblos Indígenas, durante el problema surgido entre los comuneros mapuches y las forestales e hidroeléctricas de la región del Bío Bío, mantuvo una postura de represión al movimiento indígena, aplicando la Ley Antiterrorista para todos los casos de intento de recuperación de territorios ancestrales.
Al finalizar su mandato, Lagos había cumplido parcialmente los cambios prometidos. Sin duda había logrado avances significativos en acceso a Salud, Educación y Justicia, pero paralelamente había protegido y propiciado los intereses de la empresa privada, cuidándose de no intervenir el modelo económico chileno en profundidad. Sus medidas generaron mayor distribución de beneficios, pero no atacaron la raíz de la desigualdad chilena: un Estado que no cumple el rol de fiscalizador de la empresa privada y que es visto como garante de los derechos de todos los ciudadanos.
Es necesario, sin embargo, señalar que al final de su periodo contaba con una aprobación ciudadana cercana al 70%, a pesar de haber llegado al cargo tan solo con un 51,3% de apoyo directo.
Michelle Bachelet Jeria (2006-2010)
Michelle Bachelet lideró el cuarto gobierno consecutivo de la Concertación Democrática Chilena, desde la recuperación democrática en 1990. Habiéndose visibilizado políticamente durante el gobierno de Lagos como Ministra de Salud y Ministra de Defensa, su figura es considerada emblemática al ser la primera presidenta mujer de nuestro país y por haber constituido el primer gabinete paritario en la historia de Chile, constituido por 10 ministras y 10 ministros, resolviendo así la ausencia de una ley de cuotas que facilitara la elección de mujeres en representación popular.
Si bien el hecho de haber resultado electa una mujer, para un cargo tradicionalmente masculino, auguraba una política de evolución social, lo cierto es que su mandato debió enfrentar los mismos conflictos de los anteriores gobiernos concertacionistas: el delicado y contraproducente equilibrio entre el modelo neoliberal vigente y las ansias de igualdad social de la ciudadanía.
Así, no bien comenzó su periodo, tras la entrega de los resultados del SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) en el que se constataba la abismal diferencia entre la educación pública y la educación privada básica y media, se desató un movimiento estudiantil secundario conocido como Revolución Pinguina (llamada así por el uniforme blanco y negro de los estudiantes chilenos). La principal demanda del movimiento era la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) aprobada por Pinochet el 10 de marzo de 1990 (un día antes del fin de su mandato), la que convertía la educación en un bien de mercado y no en un derecho inalienable de los ciudadanos, haciendo depender la calidad de la enseñanza del poder adquisitivo de las familias y de su capacidad para comprar una mejor educación. Si bien en un primer momento la presidenta no dio importancia suficiente al conflicto, la fuerza que tomó el movimiento a través de marchas, la suma sucesiva de colegios en paro y en toma, más la posterior adhesión de los estudiantes universitarios, obligó a que una inquietud planteada por la ciudadanía pasara a formar parte prioritaria de la agenda de discusión política. Como resultado, tras la constitución de un Consejo Asesor para la Calidad de la Educación, que los estudiantes se negaron a integrar, se derogó la LOCE y se aprobó en el congreso la Ley General de Educación (LGE), la que subsanaba algunas desigualdades pero no solucionaba de raíz la falta de una educación gratuita de calidad. La tibieza de la salida se reflejó en la recurrencia del conflicto dentro de su propio gobierno y en las presidencias sucesivas.
Otro aspecto delicado de su mandato fue, en el año 2007, la transición definitiva a un nuevo sistema de transporte público (el que había comenzado durante la presidencia de Lagos), conocido como Transantiago. Si bien la idea original del proyecto era modernizar el transporte asociándolo a un sistema de troncales y alimentadores en combinación con el metro y al uso de una tarjeta de tarifario integrado, la concreción del proyecto fue desastrosa. Tras una millonaria inversión, el proyecto presentaba escasez de autobuses, irregularidad en los tiempos de arribo y errores en el diseño de los recorridos, dejando a millones de personas en serias dificultades para arribar a su trabajo y volver a sus hogares. Dicho problema bajó significativamente la aprobación popular a Bachelet, abriendo paso a que la derecha criticara duramente la gestión del Estado, arbolando la bandera de una supuesta eficiencia privada, como se reflejaría en la elección del siguiente presidente de la república.
En el área de Salud se mejoró el Plan Auge, incorporando la gratuidad total para todo chileno mayor de 60 años. Se sumaron nuevas patologías que no estaban cubiertas en el programa inicial, otorgando mayores recursos al servicio público, gracias al aumento del presupuesto del Estado por la alza del precio internacional del cobre.
En cultura se creó, con motivo del Bicentenario, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y se proyectó el aumento de Centros Culturales en 25 comunas del país, intentando ampliar el acceso directo a manifestaciones artísticas. A pesar de ello, no se logró resolver la falta de financiamiento directo del Estado tanto a grupos como a instituciones culturales, manteniendo como política principal la concursabilidad de los recursos.
En el aspecto político, un hecho relevante fue la muerte de Pinochet en diciembre de 2007, quien gozaba de plena libertad, a pesar de los múltiples casos establecidos en su contra tanto por violación de los Derechos Humanos, como por malversación de Fondos Estatales. Su deceso desató toda clase de manifestaciones, reviviendo el conflicto entre opositores y partidarios de la Dictadura Militar, reflejando el verdadero estado de escisión de la sociedad chilena y la ficción de la reconciliación democrática nacional.
El 2008 se realizó una reforma previsional, la que fue significativa en tanto incorporaba la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, bono por hijo y el incentivo a los trabajadores jóvenes. A pesar de esto, no se cuestionó la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que administran los aportes jubilatorios de los cotizantes individuales, creadas en 1980 bajo el régimen de Pinochet, lucrando con los intereses de los cotizantes y dejando al margen al Estado de un rol regulador y redistributivo.
En el ámbito de los Derechos Humanos, se creó bajo su mandato el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos y el Instituto de los Derechos Humanos. Sin embargo, nada se hizo respecto a las violaciones cometidas durante la dictadura, continuando con la línea de impunidad que amparó al Régimen Militar.
Finalmente, al finalizar su periodo, Chile sufrió un terremoto y tsunami devastador, generando la muerte de cientos de persona, agravadas por la descoordinación de organismos públicos como la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) que no alertó a tiempo del maremoto que ocurriría en el sector costero sur del país.
De este modo, el periodo de Bachelet terminó con una catástrofe natural que centró la atención en la reconstrucción del país, por sobre las políticas anunciadas por el nuevo gobierno entrante. Sebastián Piñera, miembro de renovación Nacional e hijo dilecto de Pinochet, subió al poder el 11 de marzo de 2010, en un triunfo que evidenciaba el desgaste de la concertación tras 20 años de gobierno y el reposicionamiento de la derecha política a través de las urnas.