Dictadura Militar: 1973 – 1990
Para estudiar el devenir histórico de Chile durante la Dictadura Militar (1973-1990) es necesario abordarlo por periodos. La dictadura sufrió cambios sustanciales durante los 17 años que rigió el país. Estos cambios de lineamientos por parte del gobierno de facto se reflejaron directamente en el área teatral, pues significaron mayor o menor persecución ideológica, mayor o menor censura y, también, distintas temática instaladas según las problemáticas del momento. Diversos historiadores sociales y teatrales, coinciden en los cortes de dichas etapas (Tomás Moulian, María de la Luz Hurtado, Carlos Ochsenius, etc.). En coincidencia, hemos asumido la división propuesta por considerarla clarificadora, pues permite entender el periodo desde la perspectiva de un proceso.
1973 – 1976:
Ya desde mediados de 1973 la situación de tensión se agudizaba y las Fuerzas Armadas, esgrimiendo una supuesta ruptura del orden constitucional, dieron un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, bajo la excusa de querer salvar al país del “caos marxista” y de llevar adelante “la reconstrucción nacional”, instituyendo un Gobierno Militar.
La Junta de Gobierno estaba integrada por cuatro generales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas: Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército; José Toribio Merino, Almirante de la Armada Nacional; Gustavo Leigh, General de la Aviación y César Mendoza, Director General de Carabineros. Debido a la falsa percepción de Chile como un país de tradición democrática, se suponía que los militares no intervendrían. Debido a ello, las armas se encontraban exclusivamente en manos de los militares, produciéndose un golpe de Estado y no una guerra civil, como hubiera podido darse en otras condiciones.
Sin duda la motivación subyacente que llevó a instaurar en gran parte de América Latina dictaduras militares, operación apoyada, dirigida y planificada por Estados Unidos en alianza con la oligarquía, estaba fundamentada en la necesidad de crear países en los cuales las demandas y derechos sociales no pusieran en riesgo la producción de bajos costos y la mano de obra barata.
Entre las primeras medidas tomadas por la Junta para contrarrestar la creación de grupos sublevados, fue declarar el país en Estado de Sitio, donde las libertades civiles fueron restringidas. Se proclamó el toque de queda1, la censura de prensa, la disolución del Congreso Nacional y la quema de los registros electorales. Se decretó un receso de los partidos políticos y se prohibió toda manifestación opositora al nuevo gobierno. Se exigieron las renuncias de las principales autoridades de las universidades, poniendo como rectores a militares y personas afines al régimen. Se abolió la Constitución y se la sustituyó por actas constitucionales como nuevo marco institucional.
A partir del Decreto de Ley 527 del 17 de junio de 1974, se declaró al país en estado de guerra. En él se establecía que la Junta de Gobierno ejercería el Poder Legislativo y el Presidente de la Junta, el Ejecutivo.
Los principales dirigentes del gobierno de la Unidad Popular fueron detenidos y eliminados, junto a numerosos sindicalistas, líderes estudiantiles, militantes del Partido Socialista, Comunista y de la izquierda en general. En estos años iniciales en el poder, se llevó a cabo una política de “limpieza” basada en el terror, que tenía por objetivo borrar los vestigios del gobierno anterior y reorganizar el país de una manera acorde a los nuevos intereses: la política neoliberal.
En virtud de la escasa coordinación existente entre los servicios de Inteligencia de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, se creó en 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuerpo centralizado bajo la dirección de Manuel Contreras Sepúlveda. Su objetivo era fijar normas para interrogatorios, clasificar a los presos y coordinar las funciones de inteligencia. En consecuencia, este organismo persiguió dentro y fuera del país a los opositores del régimen. Fue responsable de las torturas cometidas contra ciudadanos chilenos y sus respectivas desapariciones.
En el ámbito económico, una de las primeras medidas del Régimen fue devolver la tierra a sus antiguos dueños, conceder nuevamente la explotación de las minas de cobre a Estados Unidos y comenzar un proceso de privatización general de los servicios públicos.
1 Se refirió al establecimiento de un cierto número de horas al día, en el cual se prohibía la libre circulación de los ciudadanos por vías públicas, además del tránsito o permanencia en las calles.