Este intervalo corresponde ya a una segunda etapa, en la cual se intentaba consolidar la estructura política y profundizar el modelo económico. En ella se asoció desarrollo con sistema capitalista y el mecanismo automático del mercado era planteado como una forma ideal para el flujo de recursos, eliminando al Estado de su histórico rol regulador.
La represión y la vigilancia a la oposición continuaron, pero con un carácter más selectivo, pues ya había sido disgregada o destruida.
En 1977, como medida cosmética frente a la presión internacional, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) fue disuelta y se creó la Central Nacional de Informaciones (CNI), la cual contaba con representantes de las Fuerzas Armadas y del mundo civil. A diferencia del organismo anterior, era dependiente del Ministerio del Interior, por lo tanto, del Presidente de la República. El Decreto Ley 1.878 le otorgaba facultades plenas en el supuesto ejercicio de defensa del orden público. Contaba con centros de reclusión secretos en todo el país, donde los miles de detenidos contrarios al régimen, eran torturados y, en ocasiones, aniquilados.
Otro modo de afianzarse y ejercer poder se manifestó en el ámbito económico, reemplazándose definitivamente la política estatista de desarrollo, representada por la CORFO, por el establecimiento de medidas privatizantes. El nuevo sistema económico estuvo regulado por las leyes de oferta y demanda características del Modelo Neoliberal, aplicadas por economistas vinculados a la Universidad de Chicago, quienes fueron llamados los “Chicago Boys”. Con este cambio, los trabajadores debían asumir el costo de la pauperización de sus recursos, lo que consumía sus energías en un problema básico de subsistencia. Agravaba esta situación la saturación del mercado laboral que los convertía en elementos reemplazables, no contando con sindicatos fuertes que pudieran defenderlos.
La sociedad civil comenzó poco a poco a normalizarse y se produjo una cierta reactivación como consecuencia del “programa de recuperación económica” que ingresaba dinero a través de préstamos internacionales. Se aceleró la privatización de la economía produciéndose una apertura externa mediante una baja de aranceles aduaneros y una política industrial negativa, que se limitaba a dejar que funcionara la selección natural, vale decir la capacidad de enfrentar la competencia internacional, acrecentada por la política de rebaja arancelaria antes mencionada.
De este modo se generó un boom económico en 1978, produciéndose un alza significativa en el nivel del consumo. Para incentivarlo, la dictadura fijó el dólar en 39 pesos asegurando a la población que se mantendrá estable en esa cifra. Esto volvió accesible, para una importante parte de la población media y alta, la adquisición a plazos de gran cantidad de electrodomésticos, automóviles, etc., todos productos importados pues, como dijimos, el modelo no fortalecía el desarrollo industrial interno, sino el consumo de mercancías extranjeras.
Ese mismo año, en un intento por parte del gobierno de acallar la presión internacional por las ofensas a los derechos humanos, se organizó lo que se dio en llamar “La Consulta Nacional”. Esta consistía en un plebiscito que consultaba a la gente si apoyaba o no al general Pinochet y su gestión. Fue realizado sin la existencia de registros electorales, con votos confeccionados en papel transparente, haciendo fácilmente identificables a quienes estaban en contra del régimen. Los resultados, dados a conocer por la dictadura, hablaban de un apoyo irrestricto de la población chilena al Gobierno Militar.
En materia política la década del ’80 comenzó con un decreto para convocar a otro Plebiscito Nacional, efectuado el 11 de Septiembre de 1980. El Gobierno veía desde hacía algunos años la necesidad de una nueva estructura constitucional. Uno de los puntos principales a resolver por la nueva Constitución era la permanencia de Pinochet en el poder.
Al no existir registro electoral, la carencia de fiscalización de los votos permitió la malversación del escrutinio, aprobándose la nueva Constitución con un 67,04% a favor y consolidando en el mando, por ocho años más, a Augusto Pinochet. La carta legitimó el nuevo orden económico, social y político del gobierno militar, instaurando el sistema presidencialista. Disminuyó las facultades del Congreso Nacional, entregando al Ejecutivo la elaboración de los proyectos de ley. Creó el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad del Estado, sustituyendo el sistema proporcional electoral por uno binominal favoreciendo, hasta el día de hoy, a los grandes sectores políticos y desfavoreciendo la representatividad política de las minorías.
A pesar de que el plebiscito se llevó a cabo sin que existiera registro electoral, su resultado positivo fue admitido con pasividad por la gran mayoría de la población. Este hecho constituyó un dato político y un indicio de que, a pesar de los intentos de denuncia y de reivindicación, los años de dictadura habían logrado producir un cambio en la mentalidad de la gente.
En 1982 entró en crisis el sistema neoliberal al hacerse manifiesta la enorme deuda externa en que habían involucrado al país los grupos privados, en su afán de aprovechar la política económica vigente. Agravaba la situación la tardanza con que se había reaccionado debido al triunfalismo del gobierno, quien en una suerte de ceguera dogmática, se había negado a ver la inminente crisis y a tomar medidas para frenarla. El dólar se disparó sorpresivamente y las deudas y créditos que habían sido pactados en dólares y en Unidades de Fomento (en directa relación con el dólar), se multiplicaron en cantidades exorbitantes. Un significativo sector de la clase media y alta, que servía como estabilizador del sistema, entró en quiebra produciéndose un descontento generalizado. La cesantía alcanzó niveles aberrantes, amenazando sobrepasar el 20% de la población activa. Ante tal situación la misma gente generó nuevas alternativas de trabajo, apareciendo oficios de subsistencia que perduran al día de hoy: vendedores ambulantes, artistas callejeros, talleres de costura, de cocina, recolección de escombros, barrenderos, voceadores y sapos de micro, etc. La situación no afectó solamente a la población menos educada, sino que golpeó incluso a un alto porcentaje de profesionales pertenecientes a la clase media.
El alud arrasó con los grupos económicos y en enero de 1983 el Estado intervino los principales bancos, haciéndose cargo de los activos de importantes grupos para evitar la morosidad externa.